· Repudiamos cualquier medida que signifique la privatización del Juego, por entender - en conformidad con la Carta Pastoral de los Obispos de Entre Ríos/1993 – “…el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.”
· Compartimos, así mismo, la opinión del Episcopado cuando vincula la privatización del juego con el "lavado de dinero proveniente del trafico de drogas y armas y la trata de personas" o cuando enfatizan "es bueno clarificar que un gran porcentaje de lo recaudado del juego, favorece los bolsillo de unos pocos, y solo una parte mínima se destina a ayuda social para los mas pobres, muchos de los cuales han jugado con expectativas de ganar para "salvarse"”.
· Si existen salas de Juego deficitarias en la provincia es en virtud de convenios existentes hechos a medida de empresas que comercializan maquinas tragamonedas y ruletas electrónicas, y en desmedro del estado.
· Durante el año 2010, la recaudación total de tragamonedas de los casinos provinciales rondó los $ 300 millones. El estado retuvo $ 100 millones, con los que apenas afrontó costos operativos. Los otros $ 200 millones engrosaron la recaudación de empresarios privados.
· Si el Gobierno provincial procura una mayor sustentabilidad del sector debería empezar por limitar los beneficios del sector privado, que en algunos casos con solo un año de recaudación amortizan convenios a su favor que se extienden entre 10 a 15 años y en los que cargan al estado con la gran mayoría de los costos: salarios, IVA, adicionales de policía, transporte, servicios, etc.
· Tan arbitrario como el reparto de los beneficios es la disposición territorial de las salas de juego en nuestra provincia, lo que no solo perjudica al estado sino también a las propias comunidades donde funcionan, evaporando recursos de los desarrollos locales y envileciendo las relaciones humanas.
· La Ley de Turismo aprobada hace mas de un año atrás y las recientes Resoluciones 1550 y 1551 del IAFAS constituyen el andamiaje legal que amplía las por demás generosas facultades y beneficios de las empresas privadas permitiéndole avanzar sobre los juegos de azar.
· La medida de protesta que impulsan los trabajadores del sector, sin perjuicio de los distintos alineamientos sindicales y políticos, tuvo un acatamiento casi unánime de éstos durante la primera quincena de Enero de 2011, en la totalidad de las Salas de Juego provinciales y en el IAFAS Central.
· La única respuesta del gobierno hasta el momento son los gases pimienta y los golpes de la policía a los trabajadores del Casino de Victoria; el anuncio de descuento de los días no trabajados; los aprietes patronales en algunas salas; el sostenimiento de políticas para la repartición que no son “nacionales ni populares” y que son repudiadas por la inmensa mayoría de los trabajadores de IAFAS, quienes aún resignando su propio salario, materializan su descontento en una extendida protesta.
· Entendemos, finalmente, que la celeridad con que algunos funcionarios satisfacen demandas empresariales sin siquiera respetar el cuarto intermedio de una conciliación obligatoria, no se compadece con la lentitud e indiferencia con que atienden genuinas demandas de los trabajadores.
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